Washington, D.C. – El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encabezará el próximo 15 de julio una cumbre ministerial en Washington con representantes de más de 60 países para coordinar una respuesta internacional contra lo que la administración de Donald Trump define como el «resurgimiento del terrorismo transnacional de extrema izquierda». La convocatoria, que ha generado escepticismo entre aliados europeos y funcionarios del propio Departamento de Estado, llega en un momento de máxima tensión en la relación bilateral con México, país que hasta ahora no aparece entre los invitados confirmados.
La reunión ministerial se enmarca en la nueva estrategia antiterrorista firmada por Trump en mayo pasado, que puso el foco en grupos que la Casa Blanca describe como «antiestadounidenses, anarquistas o asociados con Antifa». La cumbre buscará coordinar acciones contra organizaciones consideradas violentas y con vínculos transnacionales, en un esfuerzo que ha despertado inquietud entre diplomáticos europeos que no perciben la amenaza en los mismos términos que la administración estadounidense.
La lista de invitados incluye a la mayoría de las naciones europeas, a los países latinoamericanos de mayor peso —entre ellos Argentina, Brasil, Chile y Colombia— y a varios estados asiáticos como India, Indonesia y Singapur. Sin embargo, la presencia de México en esa relación es motivo de controversia. Mientras algunos reportes indican que el canciller mexicano Roberto Velasco no figura entre los convocados, otros sostienen que México sí está incluido en la lista de invitados. El Departamento de Estado no ha explicado el criterio usado para integrar esa relación.
Más allá de la incertidumbre sobre la invitación, lo que es un hecho es el contexto que rodea la posible exclusión de México. La administración Trump ha mostrado su frustración con el gobierno de Claudia Sheinbaum por lo que considera una estrategia de «blindaje institucional» hacia el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez. Ambos políticos enfrentan solicitudes de extradición por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que los acusa de vínculos con el Cártel de Sinaloa.
El caso Rocha Moya marcó un precedente inédito en la relación bilateral. El 29 de abril de 2026, la Fiscalía de Nueva York acusó al entonces gobernador de Sinaloa y a otros nueve funcionarios de haber cooperado con la facción de «Los Chapitos» para facilitar el tráfico masivo de drogas a Estados Unidos. Por primera vez, Washington exigió la extradición de un gobernador mexicano en funciones, anteponiendo la seguridad a la diplomacia. Rocha Moya solicitó licencia de su cargo, mientras que Inzunza ha rechazado públicamente los señalamientos y ha sostenido que se trata de imputaciones falsas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha sido señalada por reservar por cinco años la información relacionada con las solicitudes de extradición, una decisión que ha sido interpretada en Washington como una falta de cooperación. Aunque la SRE difundió recientemente algunas comunicaciones sobre el caso, la opacidad en las investigaciones de la Fiscalía General de la República ha contribuido a enfriar aún más el diálogo bilateral. El gobierno de Sheinbaum ha optado por una postura defensiva, insistiendo en que cualquier acción debe enmarcarse en términos de soberanía.
La cumbre convocada por Rubio no solo busca coordinar una respuesta internacional, sino que también forma parte de una ofensiva diplomática más amplia. A mediados de junio, el Departamento de Estado envió un cable a más de 20 embajadas —incluyendo la de México— solicitando información sobre grupos de extrema izquierda. Aunque varias embajadas respondieron al llamado, ninguna coincidió con la valoración de la Casa Blanca sobre el supuesto nivel de amenaza que representan estos grupos. El zar antiterrorista del gobierno, Sebastián Gorka, ha mantenido conversaciones con aliados para sumar respaldos, pero la iniciativa ha encontrado resistencia.
El escepticismo no se limita a los gobiernos extranjeros. Funcionarios estadounidenses de carrera y analistas independientes han expresado su preocupación por el posible uso político del concepto de terrorismo. Un funcionario advirtió que catalogar a Antifa como una organización terrorista extranjera permitiría desbloquear herramientas de investigación como la vigilancia, lo que ha encendido alertas dentro del propio gobierno. En Europa, la respuesta ha sido igualmente fría: un diplomático fue tajante al afirmar que «no tenemos antifa».
La exclusión de México —si se confirma— no sería un hecho aislado, sino el reflejo de un distanciamiento progresivo. El regreso de Trump a la Casa Blanca ha modificado todos los acuerdos comerciales, migratorios y de seguridad con México. La presión de Washington por los casos Rocha Moya e Inzunza Cázarez representa una prueba de enorme magnitud para la cooperación bilateral, que obliga al gobierno mexicano a decidir hasta dónde está dispuesto a colaborar cuando la presión toca directamente a sus propias élites políticas.
Por ahora, la cancillería mexicana no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre su participación en la cumbre del 15 de julio. Lo que sí es claro es que el escenario diplomático entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos en años recientes, con el fantasma de las extradiciones y la etiqueta del «terrorismo de izquierda» como telón de fondo de una relación que parece resquebrajarse en tiempo real. La pregunta que queda en el aire, en los pasillos de Palacio Nacional y en las oficinas del Departamento de Estado, es si el boletaje para esta cumbre incluye o no un asiento para México, o si el país quedará, una vez más, fuera del mapa cuando se trata de definir las reglas del juego en seguridad internacional.
