El Instituto Nacional Electoral (INE) acaba de abrirle la puerta a dos nuevos partidos políticos nacionales, otorgándoles de golpe un boleto preferencial para la repartición del pastel del financiamiento público en el segundo semestre de este 2026. La cifra no es menor: 84.3 millones de pesos que saldrán de las arcas para alimentar los aparatos burocráticos de dos membretes que prometen «romper la polarización», pero que en realidad entran a jugar como satélites en un tablero ya saturado.
En los pasillos de San Lázaro y en las oficinas de las dirigencias consolidadas no hay sorpresa, sino un frío cálculo de conveniencias. Para el oficialismo, la multiplicación de la chiquillada nunca es una mala noticia; fragmentar el voto opositor en la antesala de la crucial elección intermedia de 2027 es una máxima básica de manual político. Para las cúpulas del PAN y lo que queda del PRI, la aparición de estas siglas representa una amenaza directa a sus menguados inventarios de militantes y clientelas electorales.
La retórica de estos nuevos institutos apela a la construcción de «terceras vías» y al rescate de las instituciones, un discurso predecible en tiempos de confrontación abierta. Sin embargo, en la praxis del poder mexicano, la creación de un partido rara vez obedece a un impulso ciudadano genuino y casi siempre responde a una transacción de élites desplazadas que buscan recuperar el registro, el dinero público y el fuero perdido.
El verdadero juego que inicia mañana no es el de las ideas, sino el de la supervivencia financiera y la cotización legislativa. Con un financiamiento asegurado para los próximos meses, el objetivo real de estas nuevas franquicias no es ganar la presidencia en 2030, sino alcanzar el codiciado tres por ciento de la votación en 2027 para mantener el registro y convertirse en las bisagras necesarias para las reformas constitucionales del bloque en el poder. La mesa está servida y los nuevos comensales ya tienen asignada su cuchara.
Aurelio Rivas Montenegro
