El caso Lozoya volvió por donde más incomoda: Agronitrogenados, Pemex y el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La detención de Gilda Susana Lozoya Austin en el AICM reactivó uno de los expedientes de corrupción más simbólicos de los últimos años. La Fiscalía la acusa de presunto lavado de dinero relacionado con la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados.
Pero el caso no avanzó como una captura cerrada. Una jueza le concedió libertad provisional y le impuso medidas cautelares, mientras se define si será vinculada a proceso.
Ahí empezó la segunda batalla: la narrativa. Sheinbaum dijo que no se trata de un asunto político y que la FGR reportó pruebas sobre la presunta participación de Gilda Lozoya.
La defensa respondió con una acusación distinta: persecución política, irregularidades y uso indebido de imágenes de la captura. La queja por la filtración tuvo eco en la audiencia, donde una jueza ordenó abrir una investigación contra quien resulte responsable.
Por eso el expediente queda parado en tres preguntas. ¿La Fiscalía tiene un caso sólido? ¿La defensa logrará presentar la captura como persecución? ¿Agronitrogenados volverá a golpear al PRI-Pemex o quedará como otro expediente incompleto?
La carga simbólica es enorme. Emilio Lozoya fue uno de los rostros más visibles del Pemex peñista y su nombre quedó ligado a los casos Odebrecht y Agronitrogenados. La detención de su hermana devuelve ese archivo al presente.
El riesgo editorial también es alto. No se puede afirmar que Gilda Lozoya sea culpable; lo correcto es decir que la FGR la acusa, que Sheinbaum negó motivación política y que la defensa denuncia persecución.
El caso no sólo vuelve. Vuelve con una pregunta incómoda para todos: si esta vez habrá justicia comprobada en tribunales o sólo otra batalla política alrededor de Pemex.
