La advertencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sobre la relocalización de producción de Toyota de Tijuana a Texas pone el foco en un tema que preocupa directamente a las familias mexicanas: el futuro de los empleos en la industria manufacturera de exportación.
De acuerdo con el señalamiento de la mandataria estatal, la negativa de Estados Unidos a renovar el T-MEC en los términos previos ya está generando movimientos concretos de empresas, lo que podría traducirse en pérdida de fuentes de trabajo en ciudades fronterizas como Tijuana.
Campos advirtió que estas decisiones no son abstractas: «las familias pagan la decisión», afirmó, en referencia al costo social que implicaría, según su lectura, la pérdida de competitividad e inversión extranjera en el país.
Para trabajadores del sector automotriz y sus familias, el planteamiento de la gobernadora plantea preguntas concretas: ¿qué pasará con los empleos actuales en plantas similares?, ¿hay planes de contingencia del gobierno federal o estatal ante posibles relocalizaciones adicionales?, ¿cómo afecta esto a las cadenas de proveedores locales que dependen de estas armadoras?
La gobernadora vinculó este tema económico con un reclamo político más amplio sobre el Estado de derecho, argumentando que la falta de certidumbre institucional también incide en las decisiones de inversión de las empresas extranjeras.
Hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de Toyota ni del gobierno federal sobre los alcances específicos de esta relocalización ni sobre eventuales afectaciones al empleo en la región.
