El trabajo doméstico y de cuidados en México representa el 28% del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esta cifra, equivalente a más de 6 billones de pesos anuales, incluye actividades como cocinar, limpiar, cuidar a menores, adultos mayores o personas con discapacidad, así como labores de mantenimiento del hogar. A pesar de su impacto económico, estas tareas no reciben remuneración ni cotizan para pensiones o seguridad social, lo que perpetúa brechas de desigualdad.
Las mujeres son las principales responsables de estas labores: el 75% del trabajo doméstico no remunerado recae en ellas, según datos de la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT). En contraste, los hombres dedican solo el 25% del tiempo a estas actividades. Esta distribución refleja patrones culturales arraigados, donde el cuidado del hogar se asocia tradicionalmente con roles de género. Expertos señalan que, si el trabajo doméstico se pagara, el salario promedio de las mujeres en México aumentaría significativamente, reduciendo la brecha salarial.
El reconocimiento económico de estas labores es clave para diseñar políticas públicas que redistribuyan la carga. En países como Nueva Zelanda y Canadá, ya se han implementado modelos de «salario por cuidados» para quienes se dedican al trabajo doméstico, aunque en México aún no existe un esquema similar. Organizaciones civiles y académicos han propuesto incluir estas actividades en el cálculo del PIB, así como crear programas de apoyo económico directo a las familias que asumen estas responsabilidades.
La falta de remuneración también afecta la autonomía económica de las mujeres. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las mexicanas dedican 3.5 horas diarias al trabajo doméstico, frente a 1.5 horas que destinan los hombres. Esta diferencia limita su participación en el mercado laboral formal y reduce sus oportunidades de desarrollo profesional. Además, al no cotizar para el retiro, muchas enfrentan pobreza en la vejez.
Reconocer el valor del trabajo doméstico no solo es una cuestión de justicia económica, sino también un paso hacia la equidad de género. Iniciativas como la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres han buscado visibilizar este tema, pero su implementación sigue siendo insuficiente. Expertos coinciden en que, sin políticas claras, el ciclo de desigualdad persistirá.
